Gabinete aprueba proyecto de ley que incentiva la formulación de obras a través de modalidad APP

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 34-26, por el cual se modifica la Ley 93 del 19 de septiembre de 2019, que crea el Régimen de Asociación Público-Privada (APP), con el objetivo de ampliar el desarrollo de obras como incentivo a la inversión privada, al desarrollo social y a la creación de empleos.

En la exposición de motivos se resalta que, desde su aprobación en 2019, el país dispuso de un marco regulatorio propio para desarrollar proyectos mediante esta modalidad de amplia aplicación internacional; no obstante, transcurridos más de seis años y, con un balance claramente positivo, aconseja revisar su funcionamiento, evaluar los resultados e identificar los ajustes necesarios para que el sistema opere con mayor eficiencia.

Se detalla que ese estudio muestra que la aplicación práctica del régimen ha permitido observar que determinadas etapas resultan más extensas de lo necesario, que ciertos trámites pueden simplificarse sin menoscabo de las garantías y controles previstos, y que el marco vigente admite perfeccionamientos que faciliten una mayor y mejor participación del sector privado.

En ese contexto, no se trata de sustituir el modelo adoptado en 2019, sino adaptarlo a la realidad y a aquellos aspectos en que la experiencia nacional e internacional ha demostrado que puede mejorar, entre ellos ampliar y agilizar la provisión de infraestructuras y servicios de calidad; fortalecer los roles asignados dentro de la arquitectura institucional del sistema, dotando de mayor agilidad a los ciclos de origen, estructuración y licitación de proyectos.

Además, promover una participación más activa y eficiente del sector privado; movilizar inversión privada y reducir el costo total de los proyectos para el Estado y los usuarios, mediante un diseño regulatorio que incentive dicha inversión y promueva la competencia; y elevar los estándares de rigor técnico, disciplina fiscal, transparencia y control, para asegurar que cada proyecto responda a una necesidad real y entregue valor por el dinero público comprometido.

Esta reforma, señala el documento, permitirá estructurar y ejecutar un mayor número de proyectos, en menos tiempo y con un financiamiento más eficiente. Ese efecto se proyectará sobre la vida concreta de la población: obras y servicios que llegan antes y a menor costo, empleo en su construcción y operación, así como en las actividades económicas que se dinamicen a su alrededor.

Participaron en el Consejo de Gabinete representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP); Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE); y de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).

Autorizan a la AIG formalizar contrato por servicios de tecnología brindados al SPA

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Resolución de gabinete No. 109-26, que autoriza a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) a formalizar un contrato —por procedimiento excepcional— con la empresa Inversiones Tecnológicas de América, S.A. Este acuerdo contempla el servicio de mesa de ayuda, optimización de base de datos e implementación de mejoras a la plataforma tecnológica del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en la República de Panamá.

La contratación, que incluye capacitación, soporte y mantenimiento de los equipos de las salas de audiencias del SPA, se establece por el período comprendido del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 por el monto total de B/.3,904,740.30, incluido el ITBMS.

La resolución destaca que, como antecedente inmediato, la AIG contrató los referidos servicios por doce (12) meses del período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024; no obstante, estos servicios a la plataforma del SPA se mantuvieron brindando durante todo el año 2025 para garantizar su operatividad.

Por ello, se hace necesario formalizar esta contratación para cancelar los servicios recibidos con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal del 2026, recurso que está disponible en este momento.

Igualmente se sustenta que la utilización del procedimiento excepcional de contratación con dicha empresa es necesario toda vez que actualmente es el único representante local autorizado del producto Plataforma TEMIX EBS para la gestión de las instituciones encargadas de administrar el proceso del SPA.

Destaca que el Consejo Nacional para la Innovación Gubernamental (CNIG) autorizó a la AIG la realización del procedimiento excepcional para cumplir con el pago correspondiente del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

Autorizan a ENA a suscribir contrato de fideicomiso deudor para gestionar financiamiento

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 116-26, que autoriza a la Empresa Nacional de Autopista, S.A. (ENA) y a ENA Norte, S.A., a suscribir un contrato de fideicomiso deudor, de garantía y administración para gestionar financiamiento hasta por la suma de $196,000,000.00, y refinanciar el saldo de los bonos Fideicomiso ENA Norte con el Inter-American Investment Corporation (IDB Invest).

La resolución detalla que este financiamiento será otorgado en dos préstamos, divididos el primero por la suma de $96,000,000.00 y el segundo por $100,000.000.00.Destaca que la Junta de Accionistas de la Empresa Nacional de Autopista, S.A. y de ENA Norte, S.A. aprobaron realizar las gestiones para obtener el financiamiento necesario para cancelar la emisión de bonos Fideicomiso ENA Norte.

Para la estructuración del referido financiamiento, se ha seleccionado a Inter-American Investment Corporation (IDB Invest) como entidad financiera encargada de otorgar el préstamo.

Para ello se tomó en cuenta que, conforme a los términos y condiciones de los documentos que regulan la emisión de bonos vigente, la Empresa Nacional de Autopista, S.A: (ENA) y ENA Norte, S.A. se encuentran limitadas para asumir endeudamiento adicional mientras permanezcan en circulación los actuales bonos, por lo que la nueva operación de refinanciamiento contempla un primer desembolso destinado exclusivamente al refinanciamiento del saldo remanente de los bonos emitidos.

La operación permite ejecutar nuevas inversiones en rehabilitación, extensiones o ampliaciones del Corredor Norte, haciendo necesario refinanciar el saldo vigente de las obligaciones originarias de la adquisición de la Concesión, con el propósito de mejorar su capacidad para atender futuros proyectos de inversión.

Prorrogan contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber manteniendo su régimen especial

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 113-26, que emite concepto favorable a la Adenda No. 1 que prorroga la vigencia del contrato celebrado entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber para su establecimiento y desarrollo, por un término adicional del 13 de febrero de 2023, cuando culminó el periodo aprobado mediante el Decreto Ley No. 6 del 10 de febrero de 1998, hasta el 12 de febrero de 2048 como nueva fecha de vencimiento.La Resolución de Gabinete señala que este contrato mantenía un término de veinticinco (25) años, el cual se encuentra vencido y, en consideración al interés público que reviste la continuidad del proyecto Ciudad del Saber, se hace necesario suscribir la adenda y mantener su régimen especial.También se autoriza al Ministro de la Presidencia para que presente el proyecto de ley relativo a la adenda a este contrato que, igualmente, prorroga la cláusula que establece un régimen especial de exoneraciones fiscales a favor de la Fundación Ciudad del Saber consistente en la exoneración del pago de impuestos nacionales, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes, incluyendo el impuesto de importación, el impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios (ITBMS), así como el impuesto de inmuebles, respecto de los bienes, equipos, materiales y actividades necesarias para el desarrollo de los fines del proyecto Ciudad del Saber.

Para la validez de esta adenda se requiere la aprobación de la Asamblea Nacional y el refrendo de la Contraloría General de la República.

Añade que la adopción de medidas orientadas a la prórroga de incentivos fiscales se interpreta en armonía con los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y eficiencia del gasto tributario, conforme a la política fiscal del Estado.

Previo a la aprobación de esta adenda, el 6 de octubre del 2025 el Ministro de la Presidencia indicó que, toda vez que el contrato fue suscrito entre el Ministerio de la Presidencia y la Fundación Ciudad del Saber, corresponde a dicho Ministerio reconocer y aplicar la prórroga de los beneficios fiscales contemplados en el mismo, posición respaldada por el Ministerio de Economía y Finanzas que concluyó que la Fundación Ciudad del Saber ha cumplido satisfactoriamente con los requerimientos establecidos en la cláusula segunda del contrato.